Italia es una República de tipo parlamentario.
El jefe de Estado es el Presidente de la República, elegido por el Parlamento
cada siete años.
Este se articula en dos Asambleas, que son la
Cámara de Diputados (630 miembros) y el Senado de la República (315 miembros).
El mandato de diputado y senador dura 5 años.
El Gobierno, formado por el Presidente del Consejo y por los Ministros, ejerce el poder ejecutivo. El poder judicial es ejercido por la Magistratura, cuyo órgano máximo es el Consejo Superior de la Magistratura.
El Gobierno, formado por el Presidente del Consejo y por los Ministros, ejerce el poder ejecutivo. El poder judicial es ejercido por la Magistratura, cuyo órgano máximo es el Consejo Superior de la Magistratura.
Elemento esencial de la vida política italiana
son los partidos políticos que reúnen al electorado conforme a las diversas tendencias
ideológicas. Hoy los cuatro elementos
del Estado Italiano están definidos:
a)
pueblo, 58 millones;
b)
territorio, 301,278 km2; excluyendo al Estado Vaticano y a la República de San
Marino que miden 61 km2.
c)
gobierno nacional con parlamentario dominante y gobiernos locales en tres
niveles.
d)
orden jurídico en donde la Constitución es rígida, pero modificada mediante un
procedimiento especial con condiciones muy específicas, establecidas en su
artículo 38.
La
división de poderes es clara. El Poder Legislativo es el Parlamento compuesto
por dos Cámaras, que forman un solo cuerpo apoyado en dos columnas iguales. El
Poder Ejecutivo se divide en dos: el Jefe del Estado o Presidente de la
República con responsabilidades muy definidas y el Gobierno con otras funciones
diferentes. El Poder Judicial está integrado por la magistratura. La Corte
Constitucional independiente de los tres poderes juzga: sobre las controversias
relativas a la legitimidad constitucional de las leyes y de las decisiones que,
teniendo carácter de leyes, dicta el gobierno central y los gobiernos
regionales; sobre los conflictos de atribuciones entre los poderes centrales y
entre éstos y los gobiernos regionales; y sobre las acusaciones promovidas
contra el Presidente de la República y los ministros del Gobierno Central.
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